La base normativa para la labor de las Naciones Unidas en materia de estado de derecho es la Carta de las Naciones Unidas, junto con los cuatro pilares principales del sistema jurídico internacional: el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados.
La delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilícito de drogas, seres humanos, armas, dinero y recursos naturales, así como las prácticas corruptas y el terrorismo, se han convertido en amenazas mundiales que socavan el estado de derecho y la buena gobernanza, y obstaculizan el logro del desarrollo sostenible. Esas cuestiones no se pueden abordar con éxito de manera unilateral o en forma compartimentada. Más bien, requieren una respuesta multilateral integrada a nivel mundial, regional, nacional y local.
La labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) se guía por una amplia variedad de instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, como las tres convenciones de fiscalización de drogas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las reglas y normas de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal y 19 instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo.
El estado de derecho y el desarrollo están estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente. Mediante su red de oficinas sobre el terreno, que incluye ocho oficinas regionales y diez oficinas en los países, la UNODC garantiza que las normas y estándares mundiales están integrados en los programas regionales y nacionales, y ejecuta programas regionales y nacionales en estrecha consulta con las entidades regionales, los países asociados, los asociados de las Naciones Unidas y la sociedad civil.
Sobre la base de su labor normativa, analítica y operacional, la UNODC seguirá trabajando a través de las asociaciones dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas para ayudar a los Estados Miembros a proporcionar a los ciudadanos servicios de seguridad y justicia eficientes y responsables que puedan romper los ciclos de violencia y desempoderamiento, allanando el camino para el desarrollo equitativo y sostenible.
Tribunal superior de Mombasa. El tribunal fue construido mediante el Programa de Lucha contra la Piratería de la UNODC. Créditos: Eirik Talleraas/UNODC